Como dos ciudadanos cualesquiera, los duques de Palma pidieron al
banco una hipoteca para pagar su casa. El precio de esa vivienda y el
importe de la hipoteca son, en cambio, extraordinarios: en 2004, Iñaki Urdangarin y su esposa, la infanta Cristina, desembolsaron 5,8 millones de euros por una torre de lujo situada en una zona privilegiada de Barcelona. Allí vivieron con sus cuatro hijos hasta que decidieron trasladarse a Washington y allí residen de nuevo ahora (y de momento), cuando el estallido del
caso Nóos ha forzado al yerno del Rey a regresar a casa.
En octubre de 2004, La Caixa concedió a Urdangarin y a la hija del
Rey una hipoteca a la altura de la vivienda: cinco millones de euros. La
cifra contrasta con el salario del exjugador de balonmano en esa época.
Ese mismo año, en la declaración de la renta que presentó a Hacienda,
Urdangarin dijo haber ingresado apenas 36.000 euros como rendimientos
del trabajo. O sea, unos 3.000 euros brutos de salario al mes, si se
cuentan 12 mensualidades. Cada trimestre, la pareja debía afrontar el
pago de 52.000 euros de la hipoteca.
Esos y otros muchos datos aparecen en la documentación que la entidad bancaria ha remitido al juez que investiga el caso, José Castro.
Hace un mes, el magistrado solicitó el “expediente completo” de
garantías para conceder el préstamo y las condiciones de la hipoteca de
la vivienda, ubicada en el barrio de Pedralbes. Se trata de una hipoteca
a 30 años vista, con un interés de Euribor más 0,5% que debía revisarse
por primera vez, precisamente, el pasado mes de septiembre. Según la
documentación aportada por la entidad bancaria, el capital del que ha
dispuesto la familia Urdangarin hasta la fecha son 3,6 millones, o sea
el 77% del total.
Dado el elevado importe de la hipoteca, esta fue aprobada por el
comité permanente de créditos de la entidad. En su análisis de riesgos,
La Caixa incluye a Urdangarin en el segmento de “personas de 28 a 40
años sin relación laboral” y, al definir su profesión, la engloba en la
categoría de “universitarios y similares”. Ese informe detalla que el
duque de Palma disponía entonces de recursos económicos por un total de
1,3 millones, repartidos a partes iguales entre cuentas a la vista y
libretas de ahorro. Y añade que Urdangarin —que es cliente de la entidad
desde 1986— figura como “avalista” en otros tres préstamos
hipotecarios.
El año de concesión de la hipoteca —2004— es, también, el año en el
que arrancan los grandes negocios que impulsó el yerno del Rey y cuyas
irregularidades le han llevado ante el juez. En apenas tres años,
Urdangarin y su exsocio al frente del instituto Nóos, Diego Torres,
lograron hacerse con la adjudicación de grandes eventos relacionados
con el deporte y el turismo. Lo consiguieron, sobre todo, gracias a sus
contactos en las altas esferas políticas de los Gobiernos de Baleares y
la Comunidad Valenciana, ambos en manos del Partido Popular. Según el
juez Castro y el fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, el duque y el
exprofesor de Esade desviaron buena parte de los fondos públicos
recibidos: 2,3 millones por dos ediciones del Illes Balears Fórum y 3,7 por tres ediciones del Valencia Summit.
Además de los 36.000 euros por rendimientos del trabajo, Urdangarin
declaró algo más de 52.000 por rendimientos del capital y unas ganancias
por acciones de casi 24.000 euros. Como patrimonio inmobiliario consta
la antigua casa familiar en la avenida Pedralbes de Barcelona, valorada
entonces en 414.000 euros. A la sazón, el duque ejercía como
vicepresidente del Comité Olímpico Español y estaba implicado ya, de
lleno, en el proyecto de Nóos y en la maraña de empresas con la que acabó tejiendo, presuntamente, una red para malversar fondos públicos. Ese año, todas las empresas implicadas facturaron 1,2 millones, según los informes de Hacienda.
Urdangarin declaró que disponía de acciones por valor de 327.000
euros en Aizoon, la sociedad patrimonial inmobiliaria que compartía a
medias con la infanta Cristina. También poseía entonces participaciones
por medio millón en Nóos. Con todo, el resultado de la declaración no
fue favorable para el duque: le tocó pagar 4.374 euros. Y escogió la
opción de fraccionar en dos el pago.
