La exsubsecretaria de Presidencia de la Comunidad Valenciana, Isabel Villalonga. / JORDI VICENT
La trama empresarial que dirigían
Iñaki Urdangarin, yerno del Rey, y su socio
Diego Torres,
intentó “colar” al Gobierno valenciano 123 facturas de 10 empresas
distintas por casi dos millones de euros en concepto de preparación de
la candidatura de la Comunidad Valenciana a la celebración de unos
Juegos Europeos. Este proyecto nunca se llevó a efecto.
Urdangarin y Torres habían conseguido a finales de 2005 que el Gobierno valenciano que presidía Francisco Camps firmase con el
Instituto Nóos
un convenio de colaboración por el que la entidad sin ánimo de lucro
que dirigía el duque de Palma cobraría seis millones de euros de la
Comunidad Valenciana por preparar la candidatura a la celebración de
unos Juegos Europeos.
Solo unos meses después de firmar aquel convenio, el Gobierno
valenciano comenzó a recibir decenas de facturas por servicios que nadie
ha podido garantizar que se hicieran realmente, según la investigación.
La exsubsecretaria de la Consejería de Presidencia de la Comunidad
Valenciana Isabel Villalonga rechazó una por una las 123 facturas
recibidas entre abril y julio de 2006. En su última comparecencia del
pasado mes de julio ante el juez
José Castro,
que instruye este caso, Villalonga facilitó la documentación que fue
acumulando para justificar el rechazo al pago de las facturas.
Villalonga fue anotando en un documento todas las anomalías que observó
en las facturas de Nóos. La exsubsecretaria se guardó ese documento (que
ilustra esta página) y lo conservó durante los seis años que han pasado
desde que lo hizo. Ahora, esas pruebas se han incorporado al sumario
del caso.
El juez agradeció esta colaboración el pasado julio y hace solo unos
días resaltó en uno de sus últimos autos que la ex alto cargo había
evitado un gasto de dinero público de dos millones de euros gracias a su
celo profesional, por lo que decidió retirar la imputación que pesaba
sobre ella. La confesión íntegra de Villalonga al juez Castro, a la que
ha tenido acceso este periódico, revela un supuesto intento de fraude
masivo de la trama Nóos para cobrar dos millones de euros de las arcas
públicas de la Comunidad Valenciana.
Villalonga era la responsable de fiscalizar que los gastos de Nóos
estaban suficientemente documentados y correspondían a servicios
realizados. “Las facturas no tenían soporte documental, no tenían nada
que a mí me indicara que eso se había hecho, ni un acta de reuniones de
preparación, ni unas nóminas de estos consultores o un alta como
autónomo, si es que eran autónomos. No tenía nada”, confesó al juez.
Villalonga explicó que el acuerdo entre el Gobierno valenciano y el
Instituto Nóos se formalizó mediante la firma de un convenio de
colaboración porque era la única fórmula de adjudicar ese tipo de
contrato sin concurso previo. Y además, aclaró la exsubsecretaria de
Presidencia, una entidad sin ánimo de lucro, como era supuestamente el
Instituto Nóos, no podía presentarse a un concurso público. “Visto lo
visto”, admitió Villalonga al juez, “[el Instituto Nóos] sí tenía ánimo
de lucro”.
La investigación ha descubierto que Urdangarin y Torres tenían media
docena de empresas privadas con ánimo de lucro a las que desviaban el
dinero público conseguido a través del Instituto Nóos, sin ánimo de
lucro.
Cuando le preguntaron a Villalonga si creía que había ánimo de engaño
en el Instituto Nóos, la ex alto cargo del Gobierno valenciano
contestó: “Vamos a ver, después de todo lo que he visto, absolutamente.
Porque además presentaron facturas aquí que se cobraron dos veces por el
mismo concepto en dos Administraciones, cuando la Ley de Subvenciones
prohíbe concurrencia de subvenciones para la misma finalidad. Sí,
después de lo visto, sí [había un intento de engaño del Instituto
Nóos]”.
Las declaraciones de los altos cargos del Gobierno valenciano ante el
juez Castro forman parte de las últimas diligencias judiciales de una
causa en la que están imputados Urdangarin y su socio Diego Torres por
fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad
documental.
Aunque la causa se abrió en relación con el sobreprecio en la
construcción del Polideportivo Palma Arena y que los primeros indicios
de actuaciones irregulares del Instituto Nóos se localizaron en dos
eventos organizados para el Gobierno balear, la trama de Urdangarin y
Torres logró más contratos y mejor remunerados del Ejecutivo de la
Comunidad Valenciana que presidía Francisco Camps, del PP. Si el
Instituto Nóos facturó al Gobierno balear 2,3 millones por dos eventos,
en el caso de la Comunidad Valenciana cobró casi tres millones por actos
similares y, además, cerró el contrato de los seis millones que no
logró ingresar por el celo de la ex alto cargo Isabel Vilallonga, según
la investigación.
